La viuda del otro socio de la empresa, con la que el ex arquitecto municipal realizó las compraventas objeto de sospecha, será requerida por segunda vez.

Josefa Sánchez, la mujer de Horacio Costales, administrador de Hoyant S. L., tendrá que prestar declaración sobre este asunto el próximo 10 de noviembre. Un día antes, el 9 de noviembre, se requerirá a María Luisa García, viuda de su socio Antonio Cueto, para que aclare cuestiones relacionadas con la forma de pago de las compraventas realizadas con Ovidio Blanco. Para ella, ésta será la segunda vez que tiene que dar explicaciones sobre el «caso Blanco».

Tanto Josefa Sánchez como María Luisa García comparecen a petición del PP, que está personado en la causa como acción popular, al igual que la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes. Este colectivo presentaba la semana pasada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón un amplio informe, mediante el que se pretende probar que las recalificaciones de Cabueñes «no fueron una casualidad». Apoyándose en esta nueva documentación, los vecinos creen justificado que también se cite a declarar a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, al ex concejal de Urbanismo, Jesús Morales; y a su sucesor, Pedro Sanjurjo, antes edil de Hacienda. El juez, de momento, lo ha descartado.

El informe de la Plataforma pone en cuestión desde la segregación de la finca que Hoyant vendió a Ovidio Blanco hasta la información pública previa llevada a cabo en la tramitación del PGOU. «Se abrió el 19 de diciembre de 2003 y en ella figuraba un plano con las calificaciones del terreno, en el que sorprendentemente figura la fecha de 2004», denuncia la Plataforma. Esto es, «posiciones urbanísticas como de la recalificar Cabueñes ya estaban muy definidas antes de la información pública previa», fase en la que se recibieron 370 sugerencias ciudadanas, que fueron resueltas «en sólo cuatro días hábiles».

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