Cristina Hernández, concejala de guarderías entre 2003 y 2007, no tenía que personarse hoy, si lo han hecho otros cinco imputados por un delito contra la salud pública enmarcando dentro de la Operación “Debuta”.

La Audiencia Provincial acogía esta mañana la primera vista y concluía con penas de cinco años de prisión y multa de ocho mil euros para cuatro de los detenidos en dos mil ocho por tráfico de estupefacientes, después de que estos aceptaran la acusación.

Tan sólo el supuesto intermediario en la venta de la droga a terceros ha negado su implicación en la trama; su defensa pide la libre absolución.

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