En un primer momento el magistrado del caso Blanco había denegado la petición de estas pruebas documentales, amparándose en que las escrituras públicas de las transacciones eran ya de por sí suficientes. Sin embargo, los testimonios contradictorios de los herederos de Antonio Cueto y Horacio Costales sobre los tratos entre la sociedad Hoyant y el ex arquitecto municipal parecen haberle hecho cambiar de parecer.

La instrucción del caso Blanco ha dado un nuevo giro en la actual fase de diligencias previas y toma de declaración a testigos e imputado. El magistrado Juan Laborda ha aceptado una solicitud de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, personada como acción popular en el procedimiento judicial, para que el ex arquitecto municipal demuestre con papeles cada una de sus operaciones de compraventa en Cabueñes.

El requerimiento del juez instructor, notificado a las partes a través de una providencia, insta al alto funcionario en excedencia del Ayuntamiento a que acredite, con soporte documental, «haber realizado el pago y haber cobrado, respectivamente al vender, así como la salida e ingreso en su patrimonio o cuentas de dinero utilizado para realizar las sucesivas compraventas y transmisiones de la parcela de 2.491,91 metros cuadrados, segregados de la finca La Llosona».

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