No está obligado a declarar la verdad y, por tanto, no hay mucho que decir al respecto. Los testigos sí, y la relación de la empresa Hoyant con el ex arquitecto municipal va a ser clave para conocer si esa relación era la habitual de otras muchas empresas que trabajan en el sector del urbanismo xixonés o si era o es una relación privilegiada.

Aquí la ‘patata caliente’ la tienen las partes personadas como acusación particular. Si son capaces de demostrar que había más, por nuevos documentos o por las declaraciones de los testigos, tendremos ‘caso Blanco’; en caso contrario, no tendremos más que la actuación irregular de un funcionario público con, parece evidente, información privilegiada que la usó para lucro personal. Si ese lucro fue realizado estando fuera de competencia funcionarial, ningún delito puede haber en ello. Tan sólo una evidente responsabilidad de régimen administrativo que debería suponer una alteración de su ‘estatus’ funcionarial.

Leer la noticia completa en El Comercio.