A la vista del escrito de acusación del fiscal antidroga, la implicación de Cristina Hernández, que pasó cuatro meses en la cárcel el año pasado, es bastante clara, aunque la petición de condena es de cinco años de prisión por un delito contra la salud pública, o alternativamente cuatro años por un delito de blanqueo de capitales.

Hernández era la novia del principal implicado, Juan José M. A., de 40 años. Según Perals, que pide para él penas que suman 13 años y nueve meses de cárcel, desde principios de 2008 se dedicaba a la venta de cocaína pese a encontrarse cumpliendo una condena de ocho años de prisión por tráfico de estupefacientes y sometido al programa de control con medios telemáticos del centro penitenciario de Villabona. Era ayudado por varios individuos, entre ellos el rumano Liviu G, alias «Lika», que había canjeado una condena por la expulsión del país durante diez años, y el boliviano Jorge E. P., que usaba un pasaporte italiano.